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No Participamos de la Constituyente

Doctor Ricardo Santamaría Coordinador Ejecutivo para la Asamblea Constitucional

Apreciado doctor:

Antes de todo, le agradezco la atenta invitación que, por encargo del despacho presidencial, nos cursa a Marcelo Torres, Jaime Moreno y a mí para llevar la vocería de nuestro Partido en las comisiones preparatorias de la Asamblea Constitucional. De la manera más comedida, me veo obligado, no obstante, a declinar en nombre del MOIR la mencionada distinción, puesto que el giro de los acontecimientos actuales del país y el criterio que sobre los mismos tiene la administración del doctor César Gaviria, nos impiden contribuir, mucho o poco, a unas formulaciones en las cuales no creemos.

Indiscutiblemente existe la necesidad de someter a correctivos, incluso de fondo, a las instituciones colombianas; inquietudes que en alguna medida y en cierto sentido se insinuaron durante los debates de las más recientes enmiendas frustradas a la Carta. Pero ése no es el punto. Hay dos cuestiones que sí nos parecen muy delicadas: el procedimiento adoptado y los alcances de la reforma propuesta.

Al implantarse el referendo, y la Asamblea Constitucional, restándole cualquier injerencia al Congreso, queda franqueable la vía extraordinaria de variar el ordenamiento jurídico de la nación mediante los acuerdos políticos, un recurso que en nuestra historia patria siempre ha servido para imponer fraudulentamente, sobre la mayoría doblegada, la voluntad de los transitorios detentadores del mando. Y con las "asambleas populare", las "consultas populares" y demás artificios "populares", las cabildadas se terminan legitimando, igual en los tiempos de Bolívar que en los días preliminares al Frente Nacional.

Cuando los jefes máximos de las viejas colectividades, Alberto Lleras y Laureano Gómez, pactaron la realización del plebiscito del 1º de diciembre de 1957, y a sabiendas de que pedían, por medios harto irregulares, el reconocimiento constitucional de un favoritismo inadmisible, la distribución milimétrica de los cargos de los tres poderes públicos entre el liberalismo y el conservatismo, se comprometieron a no recurrir otra vez a tan singular expediente. He ahí el verdadero, motivo del artículo 13 de aquella componenda convalidada en las urnas, en virtud del cual se señaló de nuevo al legislativo como único conducto para introducirle cambios, "en adelante", a la Constitución, y cuya derogatoria de facto vuelve y juega en el presente como símbolo de las conquistas democráticas, siendo que entraña lo contrario, además del rompimiento de esa especie de promesa promulgada por los dos partidos tradicionales hace exactamente 33 años.

El extinto Mario Latorre Rueda, miembro del sonado Sanedrín del cuatrienio anterior, durante una mesa redonda efectuada en la Universidad de los Andes a comienzos de 1988, reconoció en un arranque de sinceridad que se le abona: "el plebiscito, dentro de nuestras instituciones, es un golpe de Estado". Y para él esto era bueno o malo, según fuesen las fuerzas que salieran favorecidas. Nadie puede sostener con razón que la senda parlamentaria resultará menos nociva para Colombia; mas las alteraciones de carácter legal, emprendidas a través de la transacción entre los grupos gobernantes y con el grotesco halago de apartar a las Cámaras, meter en cintura a la Corte Suprema de Justicia, empequeñecer a la dirigencia política, o acudir al socorrido constituyente primario, en lugar de un logro, representa una marcha atrás en los anales republicanos.

La otra cuestión confusa radica en el contenido de la reforma. Las ma terias determinadas el 24 de agosto, por decreto, abarcan prácticamente todos los títulos de la Ley Suprema. Aquí no sobra recordar que el rumbo se ha impuesto a punta de lanza, merced al uso y al abuso del estado de sitio. Aprovechando sus autárquicas ventajas, el Ejecutivo, tanto bajo Barco como bajo Gaviria, con unas mismas metas y unos mismos consejeros, planificó meticulosamente cada uno de los pasos a seguir. El 11 de marzo se puso en circulación la "séptima papeleta", que, aun cuando la registraduría se negó a computarla, no anulaba el voto para alcaldes, corporaciones y candidato liberal; el 27 de mayo, ya con la aquiescencia de la Corte, vino el sondeo de la opinión de los sufragantes acerca de la convocatoria de la susodicha asamblea, y el próximo 9 de diciembre quedará en firme el quebrantamiento del artículo 218 y definidos la Constituyente, su composición y el temario. En síntesis, el gobierno estará pronto autorizado a remover de la superestructura de la sociedad cuanto obstáculo se interponga a sus objetivos estratégicos, los cuales no son otros que las exigencias del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en la actualidad circunscritas a la liberalización de las economías de los países débiles y aceptadas por las clases dominantes de éstos para mayor gloria de los monopolios imperialistas, primordialmente los de Estados Unidos.

En tiempo relámpago han sido expuestas por diversos funcionarios las directrices básicas, del nuevo enfoque, que, de aplicarse, no dejarán rama importante de la producción colombiana sin tocar o lesionar, ceder o destruir. No se ha negociado todavía contraprestación real alguna, ni siquiera en materia de créditos, ni en el más insigníficante tópico del vasto mundo posible de las medidas recíprocas, y el régimen ya inició el ascenso de la empinada y peligrosa cuesta: libre importación de las mercaderías extranjeras; desmonte del control de cambios y dolarización de la economía; privatización de las empresas del Estado, como en los casos previstos de los puertos, las comunicaciones, la vivienda subsidiada y los seguros sociales; fin de todo apoyo a los empresarios de la ciudad y el campo; inversión indiscriminada de las firmas transnacionales en la actividad industrial y de los financistas de las metrópolis en el sector bancario; fenecimiento de los derechos sindicales y merma vertical de los ingresos de los trabajadores; alzas despiadadas en los precios, en los costos de los servicios públicos y en los impuestos indirectos, y pertinentes modificaciones a los preceptos y a los códigos, de las que a diario tiene noticia la aturdida población colombiana. Entre estas adecuaciones normativas se destacan, desde luego, las de origen constitucional.

En los círculos interesados en la venta de la Nación se habla de los derechos humanos con frecuencia, y, sin duda, los constitucionalistas encontrarán la forma de incluirlos a tentebonete dentro del articulado, ciñéndose a los conceptos de "democracia participativa", "soberanía del pueblo", "juntas políticas populares de carácter permanente" y otras necedades doctrinarias que andan por ahí rodando. Pero el verdadero "revolcón" se le dará al país en el ruedo de la apertura económica, que requiere un ámbito constitucional distinto, operante, flexible.

Doctor Santamaría:

Escribo esta respuesta sin que se haya producido aún el fallo inapelable de la Corte en pleno sobre el decreto 1926, por el cual la Presidencia de la República ordenó las elecciones plebiscitarias de diciembre, con el objeto de darle algún viso legal 0 democrático a la Constituyente. En medio de la natural expectación, los colombianos esperamos enterarnos el próximo jueves de la sentencia definitiva. Ha trascendido únicamente que antier lo declararon inexequible los seis magistrados de la Sala Constitucional. Sin embargo, no me hago ninguna ilusión al respecto, pues ahí está el antecedente del 24 de mayo pasado, cuando, mayoritaria pero inexplicablemente, el máximo tribunal de la justicia colombiana desconoció el pronunciamiento de su organismo especializado, a propósito del mismo pleito.

De todos modos, las furias de las contradicciones desatadas no se apaciguarán con las simples prescripciones de los jurisconsultos. Cosas demasiado caras para Colombia han sido puestas en subasta. El reformismo hoy en boga no es fruto de los actos soberanos de la administración recién establecida, sino de las presiones de las autoridades de Washington, que a su vez están obligadas a colonizar económicamente a Latinoamérica, su coto de caza, si desean hacerle frente con algún éxito a la crecida competencia de los otros bloques mundiales. Y lo prueba el hecho de que la lúgubre salmodia de la apertura la entonan casi todos los mandatarios de nuestro empobrecido hemisferio, y no voces esporádicas. Ningún sector, ni adentro ni afuera del país, conseguirá escapar de la tormenta que se nos avecina.

Unos, creo que los más reducidos, se convertirán en colaboracionistas, como el M-19, pero el grueso de la población defenderá la patria a morir. Mi Partido aspira al honor de incluirse en este último bando.

Cordialmente,

Francisco Mosquera

Secretario General del MOIR

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Carta escrita por Francisco Mosquera y publicada en El Tiempo del 10 de octubre de 1990.