El 27 de
Mayo, otro 11 de Marzo
"En
el Estado toma cuerpo ante nosotros el primer poder ideológico
sobre los hombres", decía Federico Engels en
su folleto intitulado Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía
clásica alemana, que escribiera hacia 1886 con la
mira de recapitular los hondos cambios ocurridos en el pensamiento
del siglo XIX. Se había descubierto que el aparato
estatal, aun cuando parecía erguirse independientemente
por encima de toda la sociedad, encarnaba a una determinada
clase o capas sociales, y éstas, cualesquiera que
fuesen, si querían establecer su dominación,
estaban obligadas a conquistarlo y a través de él
presentar sus intereses como si se trataran de los objetivos
de la comunidad entera. Ante el montón de acontecimientos
contradictorios que se entrelazaron en las elecciones del
11 de marzo, quien se ocupe de la historia de estos días
calamitosos, no podrá menos que, sin atenerse demasiado
a la lógica, resaltar la fuerza de convicción
del modelo presidencialista que nos ha regido por años.
No obstante los errores cometidos, unos garrafales y otros
infantiles, el pequeño círculo palaciego se
salió con las suyas. Los distintos movimientos políticos
y gremiales, incluidos los expresidentes y los periódicos
del partido de gobierno, han censurado muchas de las actuaciones
del cuatrienio en extinción. A Barco se le reprueban
desde sus largos silencios hasta sus frecuentes viajes a
otras latitudes, vacíos tanto más notorios
cuanto que la situación de Colombia va de mal en
peor. Los colombianos nos sentimos inermes ante los estragos
de un terrorismo incontenible, que ha cobrado la vida de
cuatro candidatos presidenciales y de miles de personas
inocentes; de un desempleo y una inflación multiplicados;
de una deuda externa cuyo servicio representa el mayor escollo
para el crecimiento nacional; de una lucha contra el narcotráfico
más costosa de lo previsto, y de un incremento repentino
de las presiones de los monopolios del Norte que pretenden
llevar hasta el último extremo su indiscutida supremacía
sobre el mercado, la industria y los recursos de nuestra
nación. Y no faltan quienes, con ascendiente para
exponerlo, han demandado el relevo presidencial y el nombramiento
de una administración de facto. Sacándole
el jugo a las manifestaciones continuas de inconformidad,
el mismo Alvaro Góniez Hurtado tuvo el atrevimiento
de proponerle a Barco un triunvirato que se ocupara de los
intríngulis del orden público, la forma menos
cruda de sugerir la abdicación o el autogolpe.
Aun así,
estos enfrentamientos no deben recibirse sin beneficio de
inventario. Cada vez que las autoridades supremas se lucieron
con sus salidas de tono, de los labios de un Lleras Restrepo,
un López Michelsen, un Turbay Ayala, un Betancur
Cuartas, e inclusive de un Pastrana Borrero, brotó
sin ambages el consejo penetrante y pertinente. ¡Se
puede ser liberal, pero con prudencia! A ese paso los experimentados
adalides del bipartidismo tradicional, olvidándose
a ratos de las cordiales discordias, han aparecido en las
coyunturas difíciles, con uno u otro interés,
a rendir el tributo de su apoyo al último período
gubernamental de los ochentas.
Nosotros
pensábamos, por ejemplo, que Turbay Ayala, tras haber
sido escogido como arquitecto y amo de la unión de
su colectividad, vendría del Vaticano a poner las
cosas en su sitio; mas el exmandatario, tentado por el demonio
de la reelección, acabó coqueteando con los
detentadores del poder y complaciendo cada una de sus estratagemas.
Aceptó la escogencia a dedo de Gaviria como candidato
de la facción galanista; estuvo en el banquete de
homenaje al sombrero del comandante del M-19, haciendo gala
de absoluta obediencia; no puso reparo alguno a las cuatro
o cinco enmiendas constitucionales que de modo tan incongruente
intentó imponer el gobierno, comprendida la "séptima
papeleta", que fuera inventada, entre otras finalidades,
para recogerle votos al heredero del barquismo, y no le
hizo honor ni a su aureola de táctico ni a su tradición
de caudillo. Carlos Lleras respaldó toda la maniobra,
sin estridencias, a pesar de haber criticado en su momento
la alianza de Luis Carlos Galán con el Ejecutivo,
hecha para impedir el arribo de Juan Martín Caicedo
Ferrer a la alcaldía de Bogotá en los comicios
de 1988. Belisario Betancur, no obstante mantenerse al lado
del socialconservatismo, ha asumido una actitud más
bien discreta, sin ir a fondo en la pelea contra el esquema
barquista de mando, cuidándose de desencadenar juicios
de responsabilidades sobre las repercusiones del "sí
se puede", un ensayo funesto que, cual se sabe, atizó
la espantosa violencia en la que se desangra la república
y agudizó la enorme crisis económica de Colombia.
Y Misael Pastrana, quien con su aspirante presidencial,
el doctor Lloreda, marcha hacia el 27 de mayo presintiendo
las tempestades de una derrota casi segura, en forma sorprendente
ha acogido, o ha puesto apenas reparos a las grandes maquinaciones
de los héroes del día, entre las cuales se
destacan la exaltación artificial del M-19; las franquicias
otorgadas a las mercaderías y a los capitales foráneos,
que en creciente número inundarán el territorio
patrio, y la reforma de las instituciones por los medios
de un plebiscito y de una asamblea especial, sin perjuicio
de que tales arrebatos vayan a contrapelo de la legislación
vigente, o hubieran contribuido el 11 de marzo a generar
la inmensa e incomprensible votación atribuida a
uno de los más eméritos miembros del vapuleado
sanedrín.
O sea que
el continuismo, pese a los palos de ciego y a los irritantes
desafíos con los que cuotidianamente se pone a prueba
la paciencia de los gobernados, convirtió sus verdades
en una creencia general, la que al mismo tiempo utiliza
para realizar propósitos muy definidos y muy particulares.
El quid de este extraño fenómeno no se halla
en la habilidad del mandatario de turno sino en la omnipotencia
del Estado, más aún en las democracias pobres
y sometidas, en donde las influencias sociales, tanto económicas
como políticas, tienden a concentrarse por completo
en la maquinaria gubernamental y, en último término,
en la figura del primer magistrado, quien a menudo, moldea
la conciencia pública sin tener que acertar en las
soluciones, ni verse obligado a inquirir la opinión
de sus conciudadanos.
Los guarismos
de las elecciones del 11 de marzo pusieron precisamente
al descubierto las preeminencias demoledoras del presidente
de la república. Nadie más que él ganó
la consulta liberal interna, y con una votación demasiado
voluminosa para el curriculum vitae de su favorito, pues
el señor Gaviria jamás se destacó en
los terrenos de la teoría, las letras, la oratoria,
ni en ninguna de las demás disciplinas indispensables
para el correcto encauzamiento de los destinos de un país.
Es curioso, por decir lo menos, que este personaje ocasional,
al que todos consideran un santón, bien en la una,
bien en la otra acepción del diccionario, sea, en
el mejor sentido, el hombre de la crisis. Por supuesto que
las votaciones adolecieron de escandalosas anomalías,
muchas de las cuales las propició o las toleró
el régimen, empañando su propio éxito.
A Yamid Amat, del noticiero de Caracol, cadena de reconocida
audiencia, se le permitió hacia el mediodía,
en una hora clave, inducir las preferencias de los electores
mediante la divulgación de encuestas que a la postre
resultaron abultadas y urdidas. La simbólica sanción
con que más tarde fuera amonestado el monopolio radial,
perseguía únicamente el revestir la falta
con un viso de escrúpulo, después de que el
ardid ya había surtido sus efectos, y siendo que
los informadores son los más informados de la expresa
prohibición de suministrar escrutinios distintos
a los elaborados por los organismos de que habla, no sólo
el Código Electoral de 1986, sino las disposiciones
modificatorias posteriores.
En cuanto
a los daños de las computadoras de la registraduría,
cuyo sistema operativo sufrió ese domingo un verdadero
infarto que durante dos días impidió se conocieran
los datos oficiales, los funcionarios no lograron desvanecer
las sospechas. Lo cierto es que cuando el gobierno colombiano
había quedado comprometido a modernizar en algo los
sufragios, más que en ninguna otra ocasión
y conforme a las normas indicadas, aquéllos acusaron
imperfecciones inexcusables.
La otra
grave irregularidad, tampoco esclarecida de modo satisfactorio,
consistió en el consentimiento de la celebre "séptima
papeleta" en pro de la asamblea constituyente, y que
una especie de mita estudiantil, organizada para el caso,
repartió entre los votantes de determinados municipios,
mientras que sus reales gestores, conocidos dirigentes de
las viejas colectividades y de la franja extremoizquierdista,
se limitaban a aplaudir tras bambalinas. Con el ánimo
de convalidar todo este nebuloso asunto, Jaime Serrano Rueda,
el registrador, adoptó una posición ridícula:
que a la propuesta ciertamente le faltaba piso legal y,
en consecuencia, no se escrutaría el respaldo que
obtuviese; pero tampoco se anularían los votos si
la tarjeta en mención iba dentro de los sobres de
las listas debidamente registradas. De ahí el nombre
que se le diera. Sobra añadir que los medios de comunicación
asumieron voluntariamente la tarea de contarla; mas nadie
responde de la veracidad de las elevadas y disímiles
cifras difundidas. La reforma de la Ley Fundamental había
comenzado... con su quebrantamiento.
Un último
cambio en las reglas del juego, no menos despótico
que los anteriores, se advierte en los múltiples
privilegios concedidos al M-19 por parte de los asesores
presidenciales y consignados en las actas de Santo Domingo,
una lejana región del departamento del Cauca. Para
sacar avante las negociaciones de la "paz", cuyos
puntos acordados fueron meras cuestiones de crematística
adobadas en retórica, el Palacio de Nariño
contrajo el compromiso de facilitar el acceso a las urnas
de la organización insurrecta, resolviéndole,
de un día para otro, todas y cada una de sus dificultades,
desde las de protección y vigilancia hasta las de
orden jurídico y financiero. Siguiendo las huellas
de su antecesor, el mandato barquista también buscaba
recomponer su imagen y además ganarse un aliado,
a su juicio valioso, que, desde un supuesto bando contrario,
lo acolite en los afanes por fortalecer a Gaviria, enterrar
al conservatismo, cumplir con la apertura económica
e instaurar el referendo y la constituyente. He ahí
el inesperado desenlace del drama de los seguidores del
sacrificado comandante Carlos Pizarro Leongómez,
de los exponentes vivos de una agrupación rebelde
que se hallaba vencida, según lo recuerdan a menudo
sus ex compañeros de la Coordinadora Guerrillera,
y que ahora han pasado a desempeñar un papel de primera
línea en la lucha civil, o civilizada, si se quiere.
Recibieron en marzo una votación tanto o más
inconcebible que la del ex ministro delegatario, dadas las
condiciones de improvisación de su campaña,
e ingresaron al Parlamento y a otros cuerpos colegiados.
Es una victoria de estos corredores de la subasta del apaciguamiento
barquista, quienes acaban de poner a disposición
de los habitantes del Magdalena Medio sus buenos oficios
de intermediarios, luego de enterarse de que las autodefensas
de la estratégica zona habían presentado fórmulas
conciliatorias al alto gobierno. Su conversión no
podía ser entonces, ni más rápida,
ni más milagrosa. En un periquete saltaron del monte
a la ciudad, de perseguidos a asesores, de objetos de la
"paz" a sujetos de ésta. Con todo, entre'
los decretos de estado de sitio expedidos a su favor, la
Corte Suprema de Justicia declaró ya inexequible
uno de ellos, el 713 del presente año, por el cual
se permitía la inscripción de
aspirantes
a la presidencia aunque no reunieran las calidades contempladas
en la Constitución.
A dichas
alteraciones han de agregárseles los conceptos del
Procurador Alfonso Gómez Méndez contra el
plebiscito recién decretado, y por el cual los comicios
del próximo 27 decidirían la convocatoria
de una "asamblea constitucional". En otras palabras,
vuelve y juega la "séptima papeleta", ahora
con el franco patrocinio del gabinete. A la hora de escribirse
estas líneas se desconocía aún el veredicto
de la Corte al respecto. Pero no necesitamos esperar el
fallo, favorable o adverso, para persuadimos de que la vieja
república se encamina hacía un cambio abrupto
de sus instituciones, promovido cabalmente por los sectores
políticos y sociales que en los últimos años
han ido ganando notoriedad e influencia en áreas
vitales del Poder, las finanzas, el gran comercio, las relaciones
internacionales. Existen síntomas bastante evidentes
de que estamos entrando en una nueva situación, lo
mismo dentro que fuera de Colombia. Se trata de acontecimientos
imposibles de ignorar, pero también imposibles de
creer hace una década, o hace un lustro.
Podemos
decir que Estados Unidos recuperó en buena parte
la iniciativa perdida dentro del ámbito de los negocios
internacionales, mientras la Unión Soviética,
en la recta final de su involución capitalista, ve
disminuir aceleradamente la suya. Una variación de
ciento ochenta grados en el curso de las contradicciones
a nivel mundial. La humanidad se precipita hacia una guerra
económica de extensión y proporciones no observadas
desde los tiempos en que el trabajo forjó sobre la
Tierra las primeras mercancías y el primer intercambio
de éstas; unas colosales disputas que cobijarán
a todos los continentes y a todas las razas, pero cuyos
principales autores no serán ya exclusivamente las
dos grandes naciones nombradas, sino que contarán
también con la activa presencia de Europa y el Japón.
El mundo dividido por dos se ha dividido por cuatro, y quizás
se partiría en cinco, si China, con más de
mil millones de seres, se acercara por su cuenta y riesgo
al teatro de unos enfrentamientos hasta el presente "pacíficos",
pero que cualquier desajuste en el complicado equilibrio
bien podría encenderlos. Los planteamientos de que,
para salir del atraso y la pobreza, Colombia debe tomar
parte resueltamente en el actual proceso de intemacionalización
de la economía, y sobre los cuales tanto se especula,
son apenas ecos ideológicos de las agrias contiendas
que libran las metrópolis por el control de los mercados.
A la par que pregonan la apertura para los países
que giran en su órbita, los bloques imperialistas
practican entre ellos el proteccionismo. Y ésta es
la doble conducta que mantienen los consorcios estadinenses
en sus relaciones con nosotros y el resto de Latinoamérica.
Siempre
hemos insistido en la necesidad de efectuar rectificaciones
en la conducción de la economía del país,
algunas incluso de fondo. Jamás hemos sido partidarios
de escudarnos en el aislamiento nacional como una forma
de proteger nuestra incipente industria. En suma, no creemos
que haya fórmulas simples o fáciles en el
intento titánico de propugnar el desarrollo. Pero
de ahí a dejarnos arrastrar de la ternilla, o compartir
la ingenua convicción de que basta con introducirnos
en la retorta del comercio mundial para salir fortalecidos
con la prueba de la competencia, hay un abismo muy considerable.
A quienes les cuelan estos cuentos, o no son listos, o no
son independientes. Cuando alguien se refiere a la apertura
económica se entiende que habla de una política
global, concreta y definida, la que el Fondo Monetario Internacional
les está imponiendo a los países endeudados,
con el propósito de convertirlos exclusiva y totalmente
en feudatarios o tributarios de las economías de
las repúblicas de los prestamistas del planeta, y
en nuestro caso, de la norteamericana. Obviamente aquel
enunciado no atañe a los esfuerzos que emprendan
los exportadores o los comerciantes de un determinado pueblo
tras el cometido de vender en el exterior los productos
de éste e impulsar su progreso, contra lo cual ningún
patriota consecuente habría de pronunciarse. La apertura
que venimos reseñando y combatiendo implica no la
modernización de las estructuras productivas de Colombia
sino la quiebra de algunas de sus ramas industriales más
antiguas, más sólidas y de mayor afluencia
del capital nacional. El torrente de medidas económicas
que desde el segundo semestre de 1989, ha puesto precipitadamente
en práctica el actual gobierno, ya en la penumbra
de su decadencia, levantaron múltiples reclamos de
los gremios industriales, las organizaciones sindicales
y los frentes investigativos. Se derrumban las escasas barreras
de protección e iníciase el alud indiscriminado
de los productos extranjeros; el Estado pone en venta sus
participaciones en las actividades productivas y se tramita
la privatización de los servicios públicos;
los créditos de fomento sufren drásticos recortes
y los intereses bancarios llegan a índices realmente
confíscatorios; los organismos de la planificación
estudian el desmonte del control de cambios y el dólar
continúa desplazando al peso en las transacciones
internas. En fin, con sus reformas en los más variados
campos, las autoridades colombianas alientan el proceso
de colonización o apertura económica, que
es lo mismo.
Mucho tememos que todo este revuelo armado en torno a la
enmienda de la Constitución a través de la
vía excepcional de un referendo y de una asamblea
extraparlamentaria, obedezca a insistencias de Washington
para que se efectúen cuanto antes los amoldamientos
jurídicos sin los cuales no sería posible
la santa misión de liberalizar a los países
infieles de la época. La tormenta reformista que
se ha desatado representaría entonces un gigantesco
retroceso y no una innovación, cual lo proclaman
los constitucionalistas del sistema. Estaríamos ante
una conjura contra el país, que vería comprometido
su futuro y aplastadas sus mejores tradiciones. Todo indica
que es así, desafortunadamente.
Los ejecutores
del peligroso proyecto se aprovecharán hasta de los
anhelos de cambio de las masas. Cualquier factor puede servir:
la deficiencia de los jueces, el anquilosamiento de las
cámaras legislativas, la lucha sin cuartel contra
el narcotráfico, la candidez virginal de los universitarios,
el oportunismo de la extremaizquierda, los cálculos
ilusos y egoístas de la burguesía, la división
permanente de la clase obrera, los realinderamientos a escala
internacional, el temor de las gentes y, sobre todo, la
indiferencia política de vastos segmentos de la población,
que da pábulo a la labor diversionista del Ejecutivo,
cuando casi todos los meses se escuchan desconcertantes
noticias o rumores de que naves norteamericanas han vulnerado
las aguas y los cielos de Colombia; incidentes gravísimos,
frente a los cuales el presidente de la república
ni siquiera se pronuncia. Y el día que por tal motivo
llegó a salir un comunicado de alguna agencia gubernamental,
fue para justificar las expediciones yanquis, por lo general
fraguadas desde territorio panameño, convertido de
hecho en el 52 estado de la Unión, luego del asalto
de diciembre, con que, se depuso a Noriega y se le secuestró.
Otro tanto ha acontecido con la muerte violenta de Rodríguez
Gacha, alias El Mejicano. Voceros del Pentágono y
del Congreso estadinenses involucraron a agentes de la DEA
en dicha operación, llevada a cabo en nuestra Costa
Atlántica. La Cancillería colombiana les restó
trascendencia a semejantes declaraciones que eran, o un
infundio, o una infidencia, materia delicada en ambas eventualidades.
Las ofensas contra la dignidad nacional ya no reciben ni
el tratamiento reservado a las infracciones de inspección
de policía. Si en el cuatrienio que concluye ha sido
notoria esta tendencia, particularmente durante el último
tramo, cuando se desanuda casi siempre el pleito de la sucesión
presidencial, ¿qué puede esperar el pueblo
colombiano de César Gaviria, ungido prácticamente
desde el 11 de marzo, cuya buena estrella se la debe a Barco
y a quien viene acompañando, sin interregnos ni deslealtades,
aun antes del 7 de agosto de 1986?
El decreto
con que se autoriza la consulta sobre la citación
de una "Asamblea Constitucional" está redactado
de tal modo que, en definitiva, se trata de un cheque en
blanco girado a favor del próximo mandatario. Los
partidos menores, e inclusive las fuerzas con raigambre
electoral pero que no gozan de las simpatías del
estrecho círculo dominante, al promover el referendo
y la constituyente como los métodos democráticos
jamás descubiertos; y creyendo, desde luego, que
así cristalizan sus aspiraciones políticas,
acabarán engañándose a sí mismos
y de paso al pueblo. No en vano Rodrigo Lloreda insistió
sobre la conveniencia de definir antes que nada tres aspectos
consustanciales a la susodicha asamblea: la convocatoria,
la composición y el temario; valga decir, quién
la cita, quiénes la integran y sobre qué asuntos
versa. Como ninguno de estos puntos se ha tocado, ni discutido,
ni hay dónde hacerlo, ni con quién, pues el
objetivo prioritario consiste en arrumbar el Congreso y
la Corte, se supone que las decisiones fundamentales quedarán
en manos del Ejecutivo. Y únicamente a los monopolios
extranjeros, que se alampan por establecerse en tierras
pródigas, pobladas por gentes que trabajen mucho
y cobren poco, les interesa entenderse con una sola persona,
o con un pequeño grupo de personas que no deban rendirle
cuentas a nadie.
Estos son
los cambios planteados en la actualidad al pueblo colombiano,
con el sarcástico aliciente de que conquistará
con ellos el reino de la democracia participativa. En razón
a que habrá tantos derechos restringidos o conculcados,
es de esperarse que avance más rápida y eficazmente
el movimiento unitario por la salvación nacional,
propuesto por el MOIR y por otros destacamentos patrióticos
y democráticos.
Y puesto
que las perspectivas del 27 de mayo no parecen más
halagüeñas que las del 11 de marzo, y ante las
dificultades surgidas del pasado debate, que impidieron
conformar un frente electoral con algunas posibilidades,
nos abstendremos de concurrir a las urnas el domingo entrante.
Movimiento
Obrero Independiente y Revolucionario MOIR
Comité
Ejecutivo Central
Francisco
Mosquera
Secretario
General
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Publicado
en El Tiempo el 25 de mayo de 1990.
