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 A Manera de Mensaje de Año Nuevo (*)

El personaje colombiano de 1988, por así decirlo, fue indudablemente la violencia. Y repite, porque también tuvo primerísima distinción en 1987, 1986 y 1985. La seriedad del asunto estriba en que nos hallamos, no ante un fenómeno cualquiera, sino frente a la implantación en las lides políticas de los bárbaros métodos de la extorsión y el crimen. Dentro de las múltiples causas de la incontenible mortandad, enumeradas durante este largo tiempo por sociólogos y comentaristas de distinto jaez, sin excluir la gratuita impugnación al carácter supuestamente perverso de los colombianos, poca importancia se le ha atribuido al principal factor: el ruinoso legado de la estrategia apaciguadora de Belisario Betancur. Sorprende la "amnesia" colectiva, sobre la cual divagaba no hace mucho otro de nuestro expresidentes.

Luego de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, que concluyó segando la vida de la mitad de la Corte, en cualquier país medianamente culto se habría procedido, ante lo trágico y nocivo de los acontecimientos, a una rectificación de fondo. Pero no. Al mes siguiente de los luctuosos episodios, el propio mandatario, en entrevista a Le Nouvel Observateur que reprodujo El Tiempo de Bogotá, orondamente reiteró no haber "cerrado las puertras al diálogo" dentro del "proceso de paz en que nos hallamos empeñados". Con el agravante de que en dicho reportaje aceptaba que a la hora del día del asalto "había cita" con el propósito de barajar acuerdos. En otras palabras, los terroristas desprevinieron al jefe del Estado mientras preparaban la temeraria ocupación. De momento no queremos extendernos sobre algo que pasó inadvertido pero que se dijo. Una confesión de cuyas verdaderas implicaciones nadie se ha ocupado pero que bien hubiera merecido una investigación, en lugar de la retórica denuncia ante la Cámara del exprocurador Jiménez Gómez en torno a las vicisitudes del operativo militar, puesto que concierne a la forma como se cumple con los deberes constitucionales de salvaguardar la seguridad pública inherentes al ejercicio del cargo presidencial. Apenas sí lo tomamos cual punto de referencia, ahora, cuando las figuras estelares del cuatrienio anterior, los doctores Betancur y Pastrana, conmovieron a su audiencia al demandar, en comunicado conjunto del nueve de los corrientes, las "aproximaciones necesarias? entre el gobierno y la Coordinadora Guerrillera, con el sofisma de que los frentes de las Farc una vez más "cesaron unilateralmente fuegos".

No se trata, pues de ingenuas tolerancias. Además, la ingenuidad reiterativa se convierte en complicidad. Estamos ante una estratagema meditada y tejida con antelación, merced a la cual segmentos de la clase dominante, primordialmente el ala mayoritaria del Partido Social Conservador y algunos liberales ávidos, han comenzado su fragoso ascenso hacia el pleno poder buscando reeditar la triste crónica de la paz belisariana. Se pretende empeñar la tranquilidad del pueblo por otros cuantos años más a cambio de una irrefrenable ambición. Y se hace conscientemente, ya que ningún colombiano ignora el costoso desencanto de una pacificación que lo ensayó todo o casi todo, menos la desmovilización de los grupos insurrectos.

Los resultados están a la vista. Nunca hubo tal afloración de delitos en nuestras tierras como en la actualidad; pero tampoco jamás se había admitido el proselitismo armado, con lo que se puso en desventaja a las colectividades desprovistas de instrumentos bélicos y se quebrantó la igualdad de los ciudadanos frente a la ley, ese postulado básico de la organización republicana. Tal deterioro de las costumbres políticas, fuera de lesionar directamente a las masas irredentas y en especial al movimiento obrero, se ha tornado en otra de las protuberantes trabas al desarrollo nacional. Suprimir tan enorme perturbación representa una labor prioritaria del futuro inmediato. Para ello se precisa de por lo menos las siguientes condiciones: rechazo a los intentos de revivir el viejo pacifismo fracasado; apoyo a los sectores que han tenido que adelantar sus quehaceres habituales bajo las exacciones continuas de la coacción autorizada, y establecimiento de unas explícitas reglas de juego democráticas de obligatoria observancia para todos los.partidos.

Creemos que el plan de paz de la administración Barco, de esgrimirse tal cual ha sido esbozado, contribuirá a estos anhelos y por tanto debe respaldarse. De cualquier modo, que no haya más treguas indefinidas, más diálogos estériles ni más pactos altisonantes, mientras la nación entera se debilita, se desangra y se corrompe.

EL PROBLEMA SOCIAL NO DETERMINA LA INSURRECCIÓN

Desde finales de la década del cincuenta los anarquistas criollos vienen imputando sus frustradas rebeliones a las agudas diferencias económicas que prevalecen en la sociedad. El argumento suena muy sabio; sin embargo, resulta profundamente falso. En cualquier época y lugar, al margen de cuán extremada sea la miseria de las gentes, el requisito indispensable de cualquier guerra civil del modelo que entre nosotros se pregona consiste en el concurso eficaz de la población. Y en Colombia, por lo menos desde el surgimiento del Frente Nacional, el pueblo se ha mostrado apático a la solución violenta. Seguir justificando las aventuras terroristas con los desajustes sociales, como suelen hacerlo los políticos astutos y los clérigos piadosos, significa simplemente que nunca habrá "paz", pues las transformaciones históricas no se coronan en un santiamén ni brotarán de los arreglos de tregua. Los insurgentes continúan supeditando cualquier compromiso verdadero con el régimen a un entendimiento previo sobre los proyectos de desarrollo, el reparto de la riqueza y aun la inclusión en la nómina oficial. A los colombianos les consta que bajo semejantes premisas la llevada y traída reconciliación no deja de ser una entelequia, cuando no un engaño.

Como la acción guerrillera está de espaldas a la realidad, sus auspiciadores se han dado progresivamente licencias que riñen con los procederes revolucionarios. El sostenimiento de las huestes errantes se vuelve la preocupación más imperiosa. Los diversos comandos, en una forma u otra, han aceptado ejercer el secuestro, y el país lo sabe. Cuando caen de improviso sobre uno de esos, municipios olvidados de Colombia van infaliblemente tras los fondos de las pequeñas oficinas de la Caja Agraria. En el último período han enfilado sus iras contra los medios productivos, destruyendo fábricas, tumbando torres de energía, inutilizando dragas, prendiendo galpones o volando oleoductos. Presionan a los campesinos de las regiones marginadas a emprender marchas en solicitud de vías y de puentes, y luego los dinamitan. Respecto a las bregas políticas y gremiales, no resisten la tentación de echar mano de los medios coercitivos para dirimir las controversias y precipitar las decisiones.

Los adalides de esta tendencia han llegado a tales límites que Jorge Carrillo, su connotado socio dentro del campo sindical, denunció en medio del desconcierto, tras el fallido paro del 27 de octubre, que la protesta "fue derrotada por la subversión y el terrorismo"; atreviéndose incluso a exigir que se rechace toda ayuda de la guerrilla al sindicalismo" y "que la Cut no se preste a campañas contra las Fuerzas Armadas", un vuelco harto sustancial.

En síntesis, las hazañerías de la extremaizquierda nada tienen que ver con una eclosión del descontento popular. Todo lo contrario. Intentan sustituir la actuación de las masas, pisotean los funcionamientos democráticos, ferian la vida de propios y extraños, alteran el desenvolvimiento civilizado de la confrontación política y dañan los bienes de utilidad pública. En su corto desplazamiento hacia el Río de la Patria, José Antonio Galán dejó sobre el tema bellas lecciones, no sólo de escrupuloso uso de las propiedades que temporalmente incautó, sino de respeto a las existencias de los enemigos que quedaban inermes.

EL EJÉRCITO TAMPOCO ES EL RESPONSABLE DEL CONFLICTO

Las otras tesis con que se sustenta la congruencia del levantamiento armado, o la táctica de "la combinación de todas las formas de lucha", por lo común giran alrededor del papel represivo de las Fuerzas Armadas. Esta postura luce bastante radical mas carece de fundamento. Después del entreacto castrense, que dio fin a la cruenta disputa entre liberales y conservadores, el régimen vigente ha avanzado por la senda de la democracia representativa, con las obvias limitaciones correspondientes a su índole de clase. Las entidades encargadas del orden no han sido ni más ni menos draconianas que lo característico en una república burguesa de tipo medio. No obstante mantenerse en la práctica, el bipartidismo se ha ido desmontando jurídicamente, así sea al estilo colombiano, a cuentagotas, hoy un artículo, mañana un inciso. Aquí las facciones políticas no se han visto obligadas a enmontarse con el objeto de eludir la espada exterminadora del Estado. Sucede a la inversa. A pesar de enmontarse sobreviven bajo el manto de la legalidad.

Se distorsionan innecesariamente las cosas cuando se afirma que en Colombia, en las últimas décadas, el llamado estamento civil ha estado sujeto a la égida militar. Antes bien, bajo el experimento del "sí se puede", los caprichosos dictámenes del Ejecutivo obstaculizaron de continuo el despliegue del ejército, a la par que aumentaban con inusitada rapidez los motivos de zozobra. Durante la vigencia de la tregua más de un general de la república ha salido milagrosamente ileso de brutales atentados; y a dos ministros de la defensa se les decretó la baja, sin ningún, miramiento, por pedir "pulso firme" ante la descomposición reinante. Si el uniforme ha adquirido cada vez mayor realce, ello obedece a los prodigios de la pacificación dialogada. ¿Por qué quejarnos entonces de que se les entregue en custodia a los militares las zonas maceradas por el genocidio y la vindicta? ¿O que éstos adopten el cariz deliberante que los cánones les prohiben? ¿No llegamos a esa paradoja después de mucho trámite, elucubración e incumplimiento? Un inopinado desenlace que acabó restringiéndole la libertad de opinar al desprotegido en tanto se la prodiga a quienes posean la protección suficiente para sí y para otros.

El surgimiento de los apodados grupos de autodefensa constituye, sin más requilorios, otra de las repercusiones nefandas de la comedia de la "paz". Aparecieron después de la amnistía y de la firma de los armisticios, no antes. Encarnan una respuesta a la "guerra", no la razón de ésta. No son criaturas primigenias de las tropas regulares, como inocentemente se arguye. Tales desviaciones cuentan con un soporte social muy definido, las incontables víctimas de la "vacuna revolucionaria". La instauración de la venganza cual macabro expediente para resolver las contradicciones políticas nos parece la peor purulencia de los males que acongojan a Colombia. Sin embargo, nos encontramos convencidos también de que mientras no se despejen los interrogantes que estamos planteando; mientras no cesen las vivezas de las siglas que burlan los códigos y a la vez desean disfrutar de las franquicias de la democracia; mientras no se asuma, una actitud consecuente, diáfana, ante la urgencia de que rijan, sin favoritismos y conforme a derecho, las instancias constitucionales, seguirá prevaleciendo la temida justicia privada. Hasta Bernardo Jaramillo Ossa, el locuaz presidente de la UP, ha admitido que la muerte por cientos de copartidarios suyos "tiene que ver con el origen de la agrupación", "ligado al movimiento guerrillero". Lo intuyen, mas le echan la culpa total a las deficiencias del sistema en materia de garantías democráticas. No obstante, a la dirección del Partido Comunista bien le valdría recapacitar sobre estas conclusiones de uno de sus miembros y corregir la línea, en beneficio del país y de la militancia.

En presencia del oscuro panorama, muchos de los partidarios de los tejemanejes del apaciguamiento han decidido enarbolar, con ínfulas de grandes descubridores, los antiguos enunciados del derecho de gentes. Estimuladas ya las tentativas insurreccionales tras la divulgación de toda suerte de mentirosos criterios, ahora se piensa darles legitimidad, subordinando las medidas de control de la conmoción interior a las laxas interpretaciones de los convenios de Ginebra y corriendo los albures de los nuevos percances que de ellos surjan. Se propone no terminar la vandálica reyerta sino humanizarla. Y lo ansían igualmente los alzados en armas, inclusive reclamando la utilización en tal sentido del articulo 121, con miras a internacionalizar su pleito y contener, de paso, a los cuerpos de seguridad. ¡Que intervengan en los asuntos internos nuestros cuanta asociación fantasmal hayan creado en el mundo los áulicos de Nicaragua, Cuba y la Unión Soviética! Eso por un lado, y por el otro, ¡que el gobierno practique la "paz" aunque se le imponga la "guerra"! No otra cosa han entrañado las delegaciones extranjeras invitadas por los organismos legales de la guerrilla para que juzguen el traumático acontecer del país. Olas exhortaciones a que las autoridades resguarden a quienes, además de incurrir en los denominados delitos conexos a la rebelión, atacan vehementemente a la fuerza pública. ¿En qué contienda civil digna de su nombre el bando insurgente le exige amparo al bando del orden, cual ocurre en Colombia, sobre todo a raíz de las horrendas y repudiables masacres del año que expira?

Miguel Antonio Caro, el estilista de la supérstite Constitución de 1886 afirmaba que "nada es ciertamente tan anormal como la guerra". Ya entonces, y aun desde antes, se reconocía que la única talanquera del estado de anormalidad radica en las vaguedades del referido derecho de gentes porque el resto de prerrogativas consagradas se suspende o puede suspenderse en procura del retorno a la tranquilidad ciudadana. De ahí que los alegatos sobre los alcances de las normas de excepción, o sobre el reconocimiento o no del carácter beligerante de los sublevados, se ventilen a costa de las masas expoliadas, cuyas conquistas democráticas languidecen a medida que se avivan las disquisiciones exegéticas. Al pueblo trabajador, en definitiva, muy poco le conviene reemplazar las posibilidades del precepto escrito con las artificiosas alteraciones y las ilusas perspectivas de una revolución tramitada por decreto.

LA PRODUCCIÓN NACIONAL NO HA CONTADO CON EFECTIVO APOYO

La creencia de que la lucha reivindicativa requiere para su buen augurio del aherrojamiento de los sectores productivos de la ciudad y el campo es otro de los extendidos equívocos que la nación está en mora de dilucidar. El atraso y el. yugo económico de los consorcios de las metrópolis tradicionales hacen de las tareas de la industrialización de Colombia un desafío progresista y hasta heroico. Bastantes comentarios ha merecido la situación de la zona bananera de Urabá, donde se lleva a cabo un encomiable esfuerzo de desarrollo. Si allí se prescindiera de la cooperación de los trabajadores, lógicamente no habría nada; pero el tacto y el arrojo de los inversionistas también han sido claves para la obtención de metas tan tangibles como la trasferencia a la balanza de pagos de doscientos millones de dólares anuales por concepto de exportaciones. En aquella esquina del territorio patrio se ha librado una recia batalla contra la dejación de los gobiernos, la preponderancia de las comercializadoras extranjeras y, recientemente, contra los efectos mefíticos de la violencia. Podríamos traer a cuento muchos otros ejemplos elocuentes, en particular el de los restantes cultivos tecnificados, cuyos propugnadores, a punta de sacrificios, le pulen poco a poco la mustia faz al agro colombiano. Con todo, no existe suficiente comprensión sobre la trascendencia de tales consecuciones. Más de un activista político cosecha aplausos entre el electorado con sus improperios contra industriales y agricultores. Los debates de la última reforma agraria se dirigieron a fustigar más a los empresarios encargados de la modernización de las áreas rurales que a quienes todavía personifican los remanentes del feudalismo. La capa burguesa cuya fortuna se deriva directamente del Estado o de los favores de éste o que amasa su riqueza por medio de las operaciones especulativas, con frecuencia aspira a soslayar sus privilegios arremetiendo contra la capa burguesa ligada al engranaje productivo. Y desde los tiempos de López Michelsen los roces entre funcionarios y gremios se han venido agudizando. Escollos todos éstos que sí debieran allanarse a través de un consenso que jalone el crecimiento material del país, sin el cual ningún programa de rehabilitación tendrá significado valedero. La prosperidad no será factible con la supremacía de los menesteres parasitarios sobre las acucias de la producción, o con un manejo indebido de la deuda externa, el déficit fiscal junto a sus secuelas inflacionarias y los otros parámetros fundamentales de la economía.

En cuanto al proletariado, se halla muy ajeno a cifrar su ventura en la destrucción de las máquinas o en el asolamiento de las gentes. El Sindicato de Mineros de Antioquia, con sede en el municipio de El Bagre, por su cuenta y riesgo acaba de disponer, "en legítima defensa del sagrado derecho al trabajo" la reparación de las torres que suministran el fluido eléctrico a la empresa y que fueron derribadas por la guerrilla. Este primer precedente claro nos está advirtiendo hasta qué punto los adelantos de la lucha obrera llegan a conjugarse, dentro de nuestras singulares circunstancias, con la preservación y el fomento de las fuentes de empleo.

El cometido del MOIR reside actualmente en recoger las reconfortantes enseñanzas que dejan los despropósitos y los desafueros de más de un lustro de historia colombiana. A mediados de 1988 las disímiles banderías coincidieron con nosotros en el llamamiento a construir un frente único por la salvación nacional. Lo curioso es que muchas de ellas interpretaron la consigna como la oportunidad de volver a las abortadas maniobras del pasado, cuando, precisamente, se barrunta la ocasión feliz para un replanteamiento justo y valeroso, sobre el cual seguimos insistiendo. ¿Acaso los nuevos horizontes no han sido siempre el hallazgo de las épocas de intranquilidad, no de los días de calma?

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR
Comité Ejecutivo Central
Francisco Mosquera
Secretario General

Diciembre 30 de 1988

Notas:

(*) Publicado en El Tiempo el 31 de Diciembre de 1988.