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El 27 de Mayo, otro 11 de Marzo

"En el Estado toma cuerpo ante nosotros el primer poder ideológico sobre los hombres", decía Federico Engels en su folleto intitulado Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, que escribiera hacia 1886 con la mira de recapitular los hondos cambios ocurridos en el pensamiento del siglo XIX. Se había descubierto que el aparato estatal, aun cuando parecía erguirse independientemente por encima de toda la sociedad, encarnaba a una determinada clase o capas sociales, y éstas, cualesquiera que fuesen, si querían establecer su dominación, estaban obligadas a conquistarlo y a través de él presentar sus intereses como si se trataran de los objetivos de la comunidad entera. Ante el montón de acontecimientos contradictorios que se entrelazaron en las elecciones del 11 de marzo, quien se ocupe de la historia de estos días calamitosos, no podrá menos que, sin atenerse demasiado a la lógica, resaltar la fuerza de convicción del modelo presidencialista que nos ha regido por años. No obstante los errores cometidos, unos garrafales y otros infantiles, el pequeño círculo palaciego se salió con las suyas. Los distintos movimientos políticos y gremiales, incluidos los expresidentes y los periódicos del partido de gobierno, han censurado muchas de las actuaciones del cuatrienio en extinción. A Barco se le reprueban desde sus largos silencios hasta sus frecuentes viajes a otras latitudes, vacíos tanto más notorios cuanto que la situación de Colombia va de mal en peor. Los colombianos nos sentimos inermes ante los estragos de un terrorismo incontenible, que ha cobrado la vida de cuatro candidatos presidenciales y de miles de personas inocentes; de un desempleo y una inflación multiplicados; de una deuda externa cuyo servicio representa el mayor escollo para el crecimiento nacional; de una lucha contra el narcotráfico más costosa de lo previsto, y de un incremento repentino de las presiones de los monopolios del Norte que pretenden llevar hasta el último extremo su indiscutida supremacía sobre el mercado, la industria y los recursos de nuestra nación. Y no faltan quienes, con ascendiente para exponerlo, han demandado el relevo presidencial y el nombramiento de una administración de facto. Sacándole el jugo a las manifestaciones continuas de inconformidad, el mismo Alvaro Góniez Hurtado tuvo el atrevimiento de proponerle a Barco un triunvirato que se ocupara de los intríngulis del orden público, la forma menos cruda de sugerir la abdicación o el autogolpe.

Aun así, estos enfrentamientos no deben recibirse sin beneficio de inventario. Cada vez que las autoridades supremas se lucieron con sus salidas de tono, de los labios de un Lleras Restrepo, un López Michelsen, un Turbay Ayala, un Betancur Cuartas, e inclusive de un Pastrana Borrero, brotó sin ambages el consejo penetrante y pertinente. ¡Se puede ser liberal, pero con prudencia! A ese paso los experimentados adalides del bipartidismo tradicional, olvidándose a ratos de las cordiales discordias, han aparecido en las coyunturas difíciles, con uno u otro interés, a rendir el tributo de su apoyo al último período gubernamental de los ochentas.

Nosotros pensábamos, por ejemplo, que Turbay Ayala, tras haber sido escogido como arquitecto y amo de la unión de su colectividad, vendría del Vaticano a poner las cosas en su sitio; mas el exmandatario, tentado por el demonio de la reelección, acabó coqueteando con los detentadores del poder y complaciendo cada una de sus estratagemas. Aceptó la escogencia a dedo de Gaviria como candidato de la facción galanista; estuvo en el banquete de homenaje al sombrero del comandante del M-19, haciendo gala de absoluta obediencia; no puso reparo alguno a las cuatro o cinco enmiendas constitucionales que de modo tan incongruente intentó imponer el gobierno, comprendida la "séptima papeleta", que fuera inventada, entre otras finalidades, para recogerle votos al heredero del barquismo, y no le hizo honor ni a su aureola de táctico ni a su tradición de caudillo. Carlos Lleras respaldó toda la maniobra, sin estridencias, a pesar de haber criticado en su momento la alianza de Luis Carlos Galán con el Ejecutivo, hecha para impedir el arribo de Juan Martín Caicedo Ferrer a la alcaldía de Bogotá en los comicios de 1988. Belisario Betancur, no obstante mantenerse al lado del socialconservatismo, ha asumido una actitud más bien discreta, sin ir a fondo en la pelea contra el esquema barquista de mando, cuidándose de desencadenar juicios de responsabilidades sobre las repercusiones del "sí se puede", un ensayo funesto que, cual se sabe, atizó la espantosa violencia en la que se desangra la república y agudizó la enorme crisis económica de Colombia. Y Misael Pastrana, quien con su aspirante presidencial, el doctor Lloreda, marcha hacia el 27 de mayo presintiendo las tempestades de una derrota casi segura, en forma sorprendente ha acogido, o ha puesto apenas reparos a las grandes maquinaciones de los héroes del día, entre las cuales se destacan la exaltación artificial del M-19; las franquicias otorgadas a las mercaderías y a los capitales foráneos, que en creciente número inundarán el territorio patrio, y la reforma de las instituciones por los medios de un plebiscito y de una asamblea especial, sin perjuicio de que tales arrebatos vayan a contrapelo de la legislación vigente, o hubieran contribuido el 11 de marzo a generar la inmensa e incomprensible votación atribuida a uno de los más eméritos miembros del vapuleado sanedrín.

O sea que el continuismo, pese a los palos de ciego y a los irritantes desafíos con los que cuotidianamente se pone a prueba la paciencia de los gobernados, convirtió sus verdades en una creencia general, la que al mismo tiempo utiliza para realizar propósitos muy definidos y muy particulares. El quid de este extraño fenómeno no se halla en la habilidad del mandatario de turno sino en la omnipotencia del Estado, más aún en las democracias pobres y sometidas, en donde las influencias sociales, tanto económicas como políticas, tienden a concentrarse por completo en la maquinaria gubernamental y, en último término, en la figura del primer magistrado, quien a menudo, moldea la conciencia pública sin tener que acertar en las soluciones, ni verse obligado a inquirir la opinión de sus conciudadanos.

Los guarismos de las elecciones del 11 de marzo pusieron precisamente al descubierto las preeminencias demoledoras del presidente de la república. Nadie más que él ganó la consulta liberal interna, y con una votación demasiado voluminosa para el curriculum vitae de su favorito, pues el señor Gaviria jamás se destacó en los terrenos de la teoría, las letras, la oratoria, ni en ninguna de las demás disciplinas indispensables para el correcto encauzamiento de los destinos de un país. Es curioso, por decir lo menos, que este personaje ocasional, al que todos consideran un santón, bien en la una, bien en la otra acepción del diccionario, sea, en el mejor sentido, el hombre de la crisis. Por supuesto que las votaciones adolecieron de escandalosas anomalías, muchas de las cuales las propició o las toleró el régimen, empañando su propio éxito. A Yamid Amat, del noticiero de Caracol, cadena de reconocida audiencia, se le permitió hacia el mediodía, en una hora clave, inducir las preferencias de los electores mediante la divulgación de encuestas que a la postre resultaron abultadas y urdidas. La simbólica sanción con que más tarde fuera amonestado el monopolio radial, perseguía únicamente el revestir la falta con un viso de escrúpulo, después de que el ardid ya había surtido sus efectos, y siendo que los informadores son los más informados de la expresa prohibición de suministrar escrutinios distintos a los elaborados por los organismos de que habla, no sólo el Código Electoral de 1986, sino las disposiciones modificatorias posteriores.

En cuanto a los daños de las computadoras de la registraduría, cuyo sistema operativo sufrió ese domingo un verdadero infarto que durante dos días impidió se conocieran los datos oficiales, los funcionarios no lograron desvanecer las sospechas. Lo cierto es que cuando el gobierno colombiano había quedado comprometido a modernizar en algo los sufragios, más que en ninguna otra ocasión y conforme a las normas indicadas, aquéllos acusaron imperfecciones inexcusables.

La otra grave irregularidad, tampoco esclarecida de modo satisfactorio, consistió en el consentimiento de la celebre "séptima papeleta" en pro de la asamblea constituyente, y que una especie de mita estudiantil, organizada para el caso, repartió entre los votantes de determinados municipios, mientras que sus reales gestores, conocidos dirigentes de las viejas colectividades y de la franja extremoizquierdista, se limitaban a aplaudir tras bambalinas. Con el ánimo de convalidar todo este nebuloso asunto, Jaime Serrano Rueda, el registrador, adoptó una posición ridícula: que a la propuesta ciertamente le faltaba piso legal y, en consecuencia, no se escrutaría el respaldo que obtuviese; pero tampoco se anularían los votos si la tarjeta en mención iba dentro de los sobres de las listas debidamente registradas. De ahí el nombre que se le diera. Sobra añadir que los medios de comunicación asumieron voluntariamente la tarea de contarla; mas nadie responde de la veracidad de las elevadas y disímiles cifras difundidas. La reforma de la Ley Fundamental había comenzado... con su quebrantamiento.

Un último cambio en las reglas del juego, no menos despótico que los anteriores, se advierte en los múltiples privilegios concedidos al M-19 por parte de los asesores presidenciales y consignados en las actas de Santo Domingo, una lejana región del departamento del Cauca. Para sacar avante las negociaciones de la "paz", cuyos puntos acordados fueron meras cuestiones de crematística adobadas en retórica, el Palacio de Nariño contrajo el compromiso de facilitar el acceso a las urnas de la organización insurrecta, resolviéndole, de un día para otro, todas y cada una de sus dificultades, desde las de protección y vigilancia hasta las de orden jurídico y financiero. Siguiendo las huellas de su antecesor, el mandato barquista también buscaba recomponer su imagen y además ganarse un aliado, a su juicio valioso, que, desde un supuesto bando contrario, lo acolite en los afanes por fortalecer a Gaviria, enterrar al conservatismo, cumplir con la apertura económica e instaurar el referendo y la constituyente. He ahí el inesperado desenlace del drama de los seguidores del sacrificado comandante Carlos Pizarro Leongómez, de los exponentes vivos de una agrupación rebelde que se hallaba vencida, según lo recuerdan a menudo sus ex compañeros de la Coordinadora Guerrillera, y que ahora han pasado a desempeñar un papel de primera línea en la lucha civil, o civilizada, si se quiere. Recibieron en marzo una votación tanto o más inconcebible que la del ex ministro delegatario, dadas las condiciones de improvisación de su campaña, e ingresaron al Parlamento y a otros cuerpos colegiados. Es una victoria de estos corredores de la subasta del apaciguamiento barquista, quienes acaban de poner a disposición de los habitantes del Magdalena Medio sus buenos oficios de intermediarios, luego de enterarse de que las autodefensas de la estratégica zona habían presentado fórmulas conciliatorias al alto gobierno. Su conversión no podía ser entonces, ni más rápida, ni más milagrosa. En un periquete saltaron del monte a la ciudad, de perseguidos a asesores, de objetos de la "paz" a sujetos de ésta. Con todo, entre' los decretos de estado de sitio expedidos a su favor, la Corte Suprema de Justicia declaró ya inexequible uno de ellos, el 713 del presente año, por el cual se permitía la inscripción de

aspirantes a la presidencia aunque no reunieran las calidades contempladas en la Constitución.

A dichas alteraciones han de agregárseles los conceptos del Procurador Alfonso Gómez Méndez contra el plebiscito recién decretado, y por el cual los comicios del próximo 27 decidirían la convocatoria de una "asamblea constitucional". En otras palabras, vuelve y juega la "séptima papeleta", ahora con el franco patrocinio del gabinete. A la hora de escribirse estas líneas se desconocía aún el veredicto de la Corte al respecto. Pero no necesitamos esperar el fallo, favorable o adverso, para persuadimos de que la vieja república se encamina hacía un cambio abrupto de sus instituciones, promovido cabalmente por los sectores políticos y sociales que en los últimos años han ido ganando notoriedad e influencia en áreas vitales del Poder, las finanzas, el gran comercio, las relaciones internacionales. Existen síntomas bastante evidentes de que estamos entrando en una nueva situación, lo mismo dentro que fuera de Colombia. Se trata de acontecimientos imposibles de ignorar, pero también imposibles de creer hace una década, o hace un lustro.

Podemos decir que Estados Unidos recuperó en buena parte la iniciativa perdida dentro del ámbito de los negocios internacionales, mientras la Unión Soviética, en la recta final de su involución capitalista, ve disminuir aceleradamente la suya. Una variación de ciento ochenta grados en el curso de las contradicciones a nivel mundial. La humanidad se precipita hacia una guerra económica de extensión y proporciones no observadas desde los tiempos en que el trabajo forjó sobre la Tierra las primeras mercancías y el primer intercambio de éstas; unas colosales disputas que cobijarán a todos los continentes y a todas las razas, pero cuyos principales autores no serán ya exclusivamente las dos grandes naciones nombradas, sino que contarán también con la activa presencia de Europa y el Japón. El mundo dividido por dos se ha dividido por cuatro, y quizás se partiría en cinco, si China, con más de mil millones de seres, se acercara por su cuenta y riesgo al teatro de unos enfrentamientos hasta el presente "pacíficos", pero que cualquier desajuste en el complicado equilibrio bien podría encenderlos. Los planteamientos de que, para salir del atraso y la pobreza, Colombia debe tomar parte resueltamente en el actual proceso de intemacionalización de la economía, y sobre los cuales tanto se especula, son apenas ecos ideológicos de las agrias contiendas que libran las metrópolis por el control de los mercados. A la par que pregonan la apertura para los países que giran en su órbita, los bloques imperialistas practican entre ellos el proteccionismo. Y ésta es la doble conducta que mantienen los consorcios estadinenses en sus relaciones con nosotros y el resto de Latinoamérica.

Siempre hemos insistido en la necesidad de efectuar rectificaciones en la conducción de la economía del país, algunas incluso de fondo. Jamás hemos sido partidarios de escudarnos en el aislamiento nacional como una forma de proteger nuestra incipente industria. En suma, no creemos que haya fórmulas simples o fáciles en el intento titánico de propugnar el desarrollo. Pero de ahí a dejarnos arrastrar de la ternilla, o compartir la ingenua convicción de que basta con introducirnos en la retorta del comercio mundial para salir fortalecidos con la prueba de la competencia, hay un abismo muy considerable. A quienes les cuelan estos cuentos, o no son listos, o no son independientes. Cuando alguien se refiere a la apertura económica se entiende que habla de una política global, concreta y definida, la que el Fondo Monetario Internacional les está imponiendo a los países endeudados, con el propósito de convertirlos exclusiva y totalmente en feudatarios o tributarios de las economías de las repúblicas de los prestamistas del planeta, y en nuestro caso, de la norteamericana. Obviamente aquel enunciado no atañe a los esfuerzos que emprendan los exportadores o los comerciantes de un determinado pueblo tras el cometido de vender en el exterior los productos de éste e impulsar su progreso, contra lo cual ningún patriota consecuente habría de pronunciarse. La apertura que venimos reseñando y combatiendo implica no la modernización de las estructuras productivas de Colombia sino la quiebra de algunas de sus ramas industriales más antiguas, más sólidas y de mayor afluencia del capital nacional. El torrente de medidas económicas que desde el segundo semestre de 1989, ha puesto precipitadamente en práctica el actual gobierno, ya en la penumbra de su decadencia, levantaron múltiples reclamos de los gremios industriales, las organizaciones sindicales y los frentes investigativos. Se derrumban las escasas barreras de protección e iníciase el alud indiscriminado de los productos extranjeros; el Estado pone en venta sus participaciones en las actividades productivas y se tramita la privatización de los servicios públicos; los créditos de fomento sufren drásticos recortes y los intereses bancarios llegan a índices realmente confíscatorios; los organismos de la planificación estudian el desmonte del control de cambios y el dólar continúa desplazando al peso en las transacciones internas. En fin, con sus reformas en los más variados campos, las autoridades colombianas alientan el proceso de colonización o apertura económica, que es lo mismo.


Mucho tememos que todo este revuelo armado en torno a la enmienda de la Constitución a través de la vía excepcional de un referendo y de una asamblea extraparlamentaria, obedezca a insistencias de Washington para que se efectúen cuanto antes los amoldamientos jurídicos sin los cuales no sería posible la santa misión de liberalizar a los países infieles de la época. La tormenta reformista que se ha desatado representaría entonces un gigantesco retroceso y no una innovación, cual lo proclaman los constitucionalistas del sistema. Estaríamos ante una conjura contra el país, que vería comprometido su futuro y aplastadas sus mejores tradiciones. Todo indica que es así, desafortunadamente.

Los ejecutores del peligroso proyecto se aprovecharán hasta de los anhelos de cambio de las masas. Cualquier factor puede servir: la deficiencia de los jueces, el anquilosamiento de las cámaras legislativas, la lucha sin cuartel contra el narcotráfico, la candidez virginal de los universitarios, el oportunismo de la extremaizquierda, los cálculos ilusos y egoístas de la burguesía, la división permanente de la clase obrera, los realinderamientos a escala internacional, el temor de las gentes y, sobre todo, la indiferencia política de vastos segmentos de la población, que da pábulo a la labor diversionista del Ejecutivo, cuando casi todos los meses se escuchan desconcertantes noticias o rumores de que naves norteamericanas han vulnerado las aguas y los cielos de Colombia; incidentes gravísimos, frente a los cuales el presidente de la república ni siquiera se pronuncia. Y el día que por tal motivo llegó a salir un comunicado de alguna agencia gubernamental, fue para justificar las expediciones yanquis, por lo general fraguadas desde territorio panameño, convertido de hecho en el 52 estado de la Unión, luego del asalto de diciembre, con que, se depuso a Noriega y se le secuestró. Otro tanto ha acontecido con la muerte violenta de Rodríguez Gacha, alias El Mejicano. Voceros del Pentágono y del Congreso estadinenses involucraron a agentes de la DEA en dicha operación, llevada a cabo en nuestra Costa Atlántica. La Cancillería colombiana les restó trascendencia a semejantes declaraciones que eran, o un infundio, o una infidencia, materia delicada en ambas eventualidades. Las ofensas contra la dignidad nacional ya no reciben ni el tratamiento reservado a las infracciones de inspección de policía. Si en el cuatrienio que concluye ha sido notoria esta tendencia, particularmente durante el último tramo, cuando se desanuda casi siempre el pleito de la sucesión presidencial, ¿qué puede esperar el pueblo colombiano de César Gaviria, ungido prácticamente desde el 11 de marzo, cuya buena estrella se la debe a Barco y a quien viene acompañando, sin interregnos ni deslealtades, aun antes del 7 de agosto de 1986?

El decreto con que se autoriza la consulta sobre la citación de una "Asamblea Constitucional" está redactado de tal modo que, en definitiva, se trata de un cheque en blanco girado a favor del próximo mandatario. Los partidos menores, e inclusive las fuerzas con raigambre electoral pero que no gozan de las simpatías del estrecho círculo dominante, al promover el referendo y la constituyente como los métodos democráticos jamás descubiertos; y creyendo, desde luego, que así cristalizan sus aspiraciones políticas, acabarán engañándose a sí mismos y de paso al pueblo. No en vano Rodrigo Lloreda insistió sobre la conveniencia de definir antes que nada tres aspectos consustanciales a la susodicha asamblea: la convocatoria, la composición y el temario; valga decir, quién la cita, quiénes la integran y sobre qué asuntos versa. Como ninguno de estos puntos se ha tocado, ni discutido, ni hay dónde hacerlo, ni con quién, pues el objetivo prioritario consiste en arrumbar el Congreso y la Corte, se supone que las decisiones fundamentales quedarán en manos del Ejecutivo. Y únicamente a los monopolios extranjeros, que se alampan por establecerse en tierras pródigas, pobladas por gentes que trabajen mucho y cobren poco, les interesa entenderse con una sola persona, o con un pequeño grupo de personas que no deban rendirle cuentas a nadie.

Estos son los cambios planteados en la actualidad al pueblo colombiano, con el sarcástico aliciente de que conquistará con ellos el reino de la democracia participativa. En razón a que habrá tantos derechos restringidos o conculcados, es de esperarse que avance más rápida y eficazmente el movimiento unitario por la salvación nacional, propuesto por el MOIR y por otros destacamentos patrióticos y democráticos.

Y puesto que las perspectivas del 27 de mayo no parecen más halagüeñas que las del 11 de marzo, y ante las dificultades surgidas del pasado debate, que impidieron conformar un frente electoral con algunas posibilidades, nos abstendremos de concurrir a las urnas el domingo entrante.

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR

Comité Ejecutivo Central

Francisco Mosquera

Secretario General

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Publicado en El Tiempo el 25 de mayo de 1990.